Es un término jurídico que obliga al legislador a analizar si la persona que no dispone de los recursos materiales necesarios para subsistir de manera digna, debe ser o no sujeta de cargas fiscales.
Durante 2007 fueron emitidas dos tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se señala, qué elementos debe considerar el legislador para imponer gravámenes, sin dejar de observar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.
El principio del mínimo vital al que se refiere la Suprema Corte en las mencionadas tesis, es de gran trascendencia para las personas físicas, tanto en materia constitucional como en materia tributaria.
Es cierto que existe la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público, el objetivo es evitar que el Estado, derivado de sus facultades fiscalizadoras, ocasione un perjuicio económico en detrimento del patrimonio de aquellas personas que deben de sufragar las necesidades económicas de sí mismo y de su familia, atendiendo al principio de la dignidad humana.